Anteproyecto de Ley y otras rutas en la cultura canaria
Un día habrá una isla
Pedro García Cabrera
que no sea silencio amordazado.
Que me entierren en ella,
donde mi libertad dé sus rumores
a todos los que pisen sus orillas.
Las dificultades a las que se debe enfrentar alguien que es elegido en el ámbito de las responsabilidades institucionales públicas para poner orden en el sistema público de cultura de nuestras islas, no suelen ser pocas. El departamento de Cultura del Gobierno ha sido históricamente, por unos motivos u otros, errático en su filosofía, en su análisis, en sus objetivos y en el diseño de sus políticas; todo aquello que debería perseguir la construcción de un mercado cultural canario donde encuentren eco y cauce las necesidades esenciales de los artistas, las compañías, las empresas y el público del archipiélago.
A esta circunstancia se le une el hándicap de actuar sobre un territorio disgregado, geográfica y competencialmente dividido entre tres administraciones públicas (Gobierno, Cabildos y Ayuntamientos) que, en la mayor parte de las ocasiones, rehúyen de la responsabilidad y la necesidad de una coordinación programática y de gestión que ayude al fortalecimiento y la sostenibilidad de ese mercado.
Según lo expuesto, recientemente el Gobierno ha presentado en el Parlamento de Canarias, por iniciativa de Juan Márquez — Viceconsejero de Cultura del ejecutivo — , un Anteproyecto de Ley del Sistema Público de Cultura de Canarias. Querríamos subrayar nuestra sorpresa inicial al comprobar que dicho texto ha llegado a Parlamento de Canarias sin haber sido consultado y debatido con la mayor parte de actores culturales del archipiélago, tal como hubiese sido deseable e imprescindible si atendemos al desarrollo de estos textos jurídicos en otros ámbitos antes de que fuesen debatidos en sede parlamentaria (léase ley de Pesca, de Turismo, etc.). Entre otros asuntos, porque ese es el espíritu de la agenda 2030 para Canarias: la participación social, en el ámbito de lo público, en todos aquellos asuntos que afecten a nuestra nacionalidad y sus realidades sectoriales.
A tenor de lo que fue en el pasado una destacable labor de oposición en el Parlamento regional sobre el papel de lo público en la cultura por parte de Márquez — muy crítico, y con razón, al descalabro histórico de gestión de los gobiernos de Coalición Canaria sobre el sector —, no ha dejado de sorprendernos esta actitud suya a los pocos meses de asumir su cargo de manera efectiva si descontamos el largo periodo pandémico. Cabe también señalar que ningún diputado de ese Parlamento, ni siquiera los de la oposición en la cámara regional, se preocuparon por preguntar adecuadamente al Viceconsejero por estos asuntos y otros que desarrollaremos a continuación, posiblemente por su acostumbrado desconocimiento y apatía en estas cuestiones.
MAGMA es una plataforma de reciente creación — se presentará públicamente en las dos capitales canarias en breve — que pretende desarrollar análisis y propuestas sobre el Sistema Cultural público y su relación con el privado. Comprendemos la envergadura del reto que el anteproyecto de ley al que nos referimos plantea; un texto, al parecer, elaborado originariamente desde un despacho de abogados madrileño especializado en este tipo de documentos legislativos. Por este y otros motivos nos hemos ofrecido recientemente, en una carta que hemos enviado al Presidente del Gobierno y a su Viceconsejero de Cultura, a formar parte del proceso de gestación de esa Ley. Nuestra intención viene avalada por la preocupación de más de un centenar de profesionales del sector cultural archipielágico sobre los peligros, a efectos prácticos, de la redacción de algunos de los epígrafes y filosofía de ese anteproyecto.
Creación cultural: de lo público a lo privado
Las Administraciones públicas, como responsables en crear sociedades más modernas, eficientes y transparentes, han de coliderar vertical y, sobre todo, horizontalmente la transición hacia un nuevo modelo cultural, basado en una gestión más sostenible, transmitiendo un mensaje conciso y claro al sector. Su función como órgano público es facilitar y dotar de todas las herramientas posibles que aligeren, alivien y propicien los procesos creativos, su gestión, producción y difusión. Por eso, es necesario construir ese mercado cultural interior del que tanto hablamos: un espacio que tenga como uno de sus objetivos finales el depender menos del aparato público. Inevitablemente esa dependencia ha derivado, con el tiempo, en una insana relación entre procesos creativos y poder político, generando una casi inevitable acomodación de los primeros y una agobiante intervención del segundo.
Hay que destacar que hacer creación cultural en Canarias pasa, inevitablemente, por asumir que en la práctica el único contratador de esos productos es la administración pública. No sólo porque dispongan de un presupuesto anual para tal fin, sino porque es ella la dueña y señora de cualquier espacio público donde se puede desarrollar esas actividades (léanse auditorios, teatros, casas de cultura, museos o plazas). De tal manera que, aun yendo a riesgo de taquilla, una producción o artista isleño debe acudir antes a un despacho oficial. De ahí que sea indispensable buscar fórmulas más imaginativas para liberalizar los espacios de exposición de la creación y ayudar a la adecuada publicidad y comercialización de los mismos con el fin de que el consumo entre la ciudadanía del producto cultural hecho en Canarias sea prioritario.
En este punto, para lograr una verdadera transformación de la práctica cultural en el archipiélago, de sus maneras de hacer y pensar, es preciso mostrar las distorsiones de la Viceconsejería de Cultura del Gobierno autónomo en algunos aspectos de su política; son, a nuestro juicio, muy dispares a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030, que tanto desde las instituciones se jactan de promulgar, especialmente en su concreción sobre la agenda canaria y sus metas culturales. Unos logros que distan mucho de ser alcanzados, al sesgar y focalizar la asignación, sin concurrencia competitiva, a personas y empresas concretas, dejando al margen a la mayoría del sector. Es aquí cuando surgen múltiples preguntas y planteamientos que exponemos sucintamente, aunque se precisaría de un pormenorizado análisis.
En cualquier caso, ¿para qué hay que apoyar el talento cultural existente en las Islas Canarias si no está incardinado a una acción general dirigida a la promoción prioritaria de un mercado local que fidelice a un público propio en parecidas inversiones económicas con las que se riegan propuestas externas? Continuando con ese debate ¿cuál es el impacto y la inmersión real al querer incorporar la cultura como eje para el diseño y desarrollo de las políticas educativas en Canarias si no hay un consenso y un diálogo en las reflexiones y acciones concretas que desarrollan todos los agentes participantes en este ámbito?
¿Cómo se promueve la gobernanza participativa y el fomento de la cooperación público-privada en el sector si constantemente surgen obstáculos y trabas burocráticas, organizativas, de infraestructura y logísticas, que imposibilitan los mecanismos de autofinanciación y autogestión de las producciones canarias? ¿Cómo se va analizar la realidad de los diferentes ámbitos o subsectores de la cultura en Canarias (patrimonio, artes visuales, artes escénicas….) para incidir en su capacidad en el desarrollo sostenible actual y futuro si no hay transparencia ni accesibilidad al vaciado de datos fiables e información pertinente al alcance de toda la ciudadanía?
Se necesita, pues, una actitud racional en las políticas culturales desarrolladas por los diferentes niveles de la administración canaria en aras de incorporar una visión más real de sus impactos y sinergias con el resto de actuaciones públicas; y ello se crea a través del compromiso y la corresponsabilidad organizativa, participativa y económica. Son estas, y no otras, las verdaderas causas que hacen que nos manifestemos colectivamente.
Solo no estoy. Están conmigo siempre
horizontes y manos de esperanza,
aquellos que no cesan
de mirarse la cara en sus heridas,
aquellos que no pierden
el corazón y el rumbo en las tormentas,
los que lloran de rabia
y se tragan el tiempo en carne viva´
https://www.facebook.com/watch/?v=1032063934341165
La necesidad de un circuito profesional
Esperábamos una acción política en esta legislatura que apostara, desde la Viceconsejería del ramo, en inyectar la mayor parte de sus esfuerzos presupuestarios y de gestión en engrasar un circuito profesional de las artes escénicas y la música en el archipiélago; así sucede, desde hace décadas en otros territorios como el vasco o el catalán, destacadísimos en su defensa de la creación local. Los datos económicos en Canarias van por otro lado: por ejemplo, aproximadamente menos de trescientos mil euros son destinados este año a producciones de artes escénicas locales en modestos repartos a menos de una treintena de proyectos y dos millones a una producción — MAPAS — liderada por una sola empresa.
En mitad de ello destaca la disfunción que está creando las excesivas normativas burocráticas para el acceso a ayudas a la producción, que se vende como un logro de igualdad en el reparto de esas modestas ayudas a la producción pero que está generando mediocridad en los resultados artísticos de muchas de ellas. Además, agranda el cuello de botella en proyectos sobre el deforme sistema de difusión actual; con suerte, son representados en menos de una decena de ocasiones por la ausencia de un circuito regional profesional sólido que los acoja.
Hacer un seguimiento, objetivo y real, a los resultados de esas ayudas es también fundamental para organizar la proyección de las mismas en el futuro inmediato; tanto como atender a los gustos del público y al éxito en las taquillas, que debería ser un criterio evaluador de primera relevancia aunque a veces no nos guste su juicio ni las claves estéticas de las que suele acompañarse (es curioso, por ejemplo, que los nombres del jurado que deciden esas asistencias públicas a las producciones sea omitido u ocultado y no consensuado con el sector). No obstante, defendemos que el responsable político de un área de cultura en lo público pueda accionar singulares ayudas a la producción por creer en el interés especial de determinados proyectos en momentos puntuales; pero esas decisiones no pueden apuntalar monopolios privados, año tras año, a la sombra del presupuesto gubernamental.
Un circuito cultural sólido permitiría la creación de públicos conscientes e identificaría nuevos nichos potenciales de espectadores, fidelizando al producto cultural local y desarrollando políticas culturales inclusivas y transformadoras. Esa filosofía genera la aparición de una ciudadanía crítica con los conocimientos, la creatividad y la motivación por el Arte, despertando en ésta el interés y la inquietud por los problemas que sufre nuestra sociedad y apuntalando una personalidad social expresada en un signo de identidad isleña que atienda desde la raíz a la contemporaneidad.
Ayudas públicas a promotores privados de festivales
En parecida línea de caos de gestión pública de se encuentra el asunto de no pocos festivales que actualmente se celebran en nuestras islas, especialmente los de música. Es cierto que algunos de ellos generan positivos cambios en las marcas de los territorios y sociedades que los acogen vivificando economía en sus entornos y, de forma transversal, promoción turística. Ahora bien ¿se precisan tantos en Canarias? ¿están bien diseñados sus calendarios y sus contenidos o asistimos a una sobreoferta alimentada por las ayudas públicas postpandemia? ¿es lógico que festivales que programan una serie de artistas del starsystem comercial internacional sean sufragados en parte con dinero de la Viceconsejería de Cultura? ¿es esta institución pública la llamada a inyectar ayudas públicas en dichos espectáculos? ¿se ha hecho un estudio neutral y serio por parte de la Administración Pública sobre los costos reales — excusa histórica de muchos de sus promotores privados para justificar dichas ayudas — del traslado de conciertos de artistas extranjeros a Canarias?
En otro orden de cosas, no se entiende — ayudados por una campaña de desinformación privada muy interesada —, que se apoye por esta vía, si es con la totalidad de su financiación a fondo perdido para las arcas públicas, a algunos de esos promotores y que no se conozca el beneficio neto que perciben esas empresas de intermediación en esas producciones; ni que se consienta desde lo público que los músicos canarios que participan en ellos (cuando se les permite) reciban cachés ridículos si observamos la generosa financiación pública de esos eventos.
Sobre este asunto, sin duda alguna, hay un gran olvidado: el artista canario que, de una manera u otra, es minusvalorado en su profesionalidad y dignidad artística. Por un lado, por su nula o escasa cuota de representatividad en muchos de esos festivales y, por otro lado, por cómo muchos de esos promotores privados abaratan los honorarios de esos artistas locales con argumentos ilógicos e incongruentes. En este punto, es necesario exigir una cuota de participación de las producciones profesionales escénicas y musicales de compañías, grupos y artistas del archipiélago donde exista inversión pública.
Asimismo, a ojos neutrales la suspicacia sobre puertas giratorias en algunos de estos eventos ante esta suma de datos es inevitable. Por eso entendemos que se está tardando en ejercer un control más adecuado de la aplicación de esas importantes ayudas públicas en Cultura y Turismo a concretas empresas privadas organizadoras de festivales y eventos.
Mapas: rutas a la deriva
El más sangrante asunto en el que la Viceconsejería de Cultura tiene responsabilidades tiene el nombre de MAPAS. La idea fundamental, tal como inicialmente se vendió — un mercado de las artes performativas del atlántico sur—, era convertir a Canarias en un espacio de confluencias y de reunión de propuestas, producciones y gestores culturales (especialmente de América del Sur y África) que sirviera para potenciar un mercado cultural alternativo al impuesto por el modelo occidental predominante. Además, se subrayaba que las Islas y sus productos culturales tendrían un papel protagónico en el desarrollo de ese nuevo mercado y se vería beneficiada en cuanto a la internacionalización de sus producciones culturales.
Hasta ahora el gasto de dinero público en MAPAS es posible que haya superado con creces los tres millones de euros en sus cinco convocatorias si tomamos en cuenta no solo la asignación directa de presupuesto público sino el gasto en infraestructuras de los espacios donde se ha organizado. Pero el resultado para las producciones y artistas canarios ha sido muy pobre por mucho que se quieran vender mediáticamente lo contrario en cifras que no se corresponden con la realidad (aún esperamos un reporte de datos reales sobre este proyecto en sus cinco convocatorias).
En el ámbito organizativo, no hay ninguna explicación razonable desde lo público a que el evento — aparte de la oportunidad de su viabilidad — sea organizado año tras año por la misma empresa privada, con directos intereses empresariales y artísticos en el sector. Una empresa, Unahoramenos, que registró en el 2017 una marca que hasta hace cinco años no tenía recorrido de producción y que comienza a funcionar, desde el minuto cero, financiada en su totalidad con fondos públicos… ¿Porqué no creó el Gobierno su propia marca y porqué no se gestionó, como se hace con el Festival de Música de Canarias, a través de sus propias unidades de producción, garantizando que el posible futuro de este proyecto no estuviera esclavizado a marcas gestionadas por intereses privados? ¿Puede ser esto éticamente, y no sabemos si legalmente, defendible?
Desconocemos porque Juan Márquez, el Viceconsejero de Cultura, apostó por esta fórmula; podía haber diseñado un mapa real de las posibilidades de exportación y captación de nuevos mercados si hubiese hecho el esfuerzo de preguntar a todos aquellos que hemos llevado nuestras producciones fuera de las islas. A veces, con una puntual ayuda pública; a veces, en solitario. Y añadir a esa pesquisa la de artistas isleños que, aun viviendo fuera de nuestro territorio, se han establecido en otros espacios y mercados con notable fortuna profesional. A buen seguro todos hubiésemos aportado, con generosidad, el relato de nuestras experiencias y conocimientos con el fin de ayudar a las nuevas generaciones de creadores isleños y consolidar las producciones ya en marcha.
Las razones para cuestionar este proyecto a nuestro modesto entender son varias y merecen preguntas de calado: ¿qué somos capaces de exportar atendiendo a su calidad y profesionalidad?, ¿qué mercados acogerían — en primer lugar, atendiendo a la sostenibilidad económica que deriven de esos productos culturales — nuestras propuestas?, ¿qué papel deben jugar lo público y lo privado en todo eso?, ¿puede Canarias permitirse el lujo de sostener una feria de estas características sin antes haber ordenado su casa? Esta y otras son reflexiones que deberían haber sido compartidas entre la Administración pública y todos aquellos a quienes les afecta, y no solo con un individuo o empresa por muy respetable que éste o ésta parezcan.
Curiosamente, las producciones canarias que se presentan a Mapas son seleccionadas por esa empresa privada y/o los llamados “curadores” elegidos por la misma, amén de sus socios colombianos. ¿Qué papel juegan esos asociados colombianos en todo este asunto? ¿Es remunerada esa presencia? ¿Es, además, esta empresa y sus asociados la que escoge e invita a los gestores extranjeros que participan en esta feria? De esta manera, sus propias producciones artísticas se sitúan en un espacio de clara ventaja con respecto a otras propuestas porque atesoran un flujo de información privilegiada y de intercambio de contactos conseguidos por la vía del presupuesto público. Esto, en un sector donde la venta de las mismas tiene mucho que ver las relaciones personales entre productores y gestores culturales, no hace falta explicarlo con más detalle.
Para más inri, a MAPAS se le ha añadido un festival aprovechando los famosos fondos Next provenientes de la Unión Europea. Fondos que deberían haberse invertido, casi en su totalidad, en el tejido cultural canario tal como indica su normativa de implementación. No nos alegramos de su fracaso, aunque se nos quiera vender lo contrario: aparte de numerosas salas vacías por doquier en mitad de un gasto público escandaloso, todo en Mapas Fest ha olido a improvisación, a urgencia por la foto oficial, a desapego por abordar los problemas reales para asentar un mercado interior que prime al producto local como epicentro de las políticas culturales públicas. Da vergüenza leer las notas de prensa de la organización del festival, donde se ha pretendido contarnos todo lo contrario; una huida hacia delante que es muy propia de los excesos que, a veces, se comenten desde lo público (hablamos de una asignación a dedo de casi dos millones de euros a una empresa privada, desde una institución pública, que pretende repetirse en años sucesivos…).
Por otra parte, no cuestionamos los merecidos talentos artísticos de nadie, pero mezclar intereses empresariales y ambición artística de forma continuada, teniendo detrás la exclusividad y seguridad que ofrece el dinero de todos por medio, no nos parece un buen camino. Y vaya por delante que ninguno de los firmantes de este artículo deseamos dirigir un festival ni una feria de programadores; nos alegramos de los éxitos artísticos de otros paisanos, entre otras razones porque eso fideliza públicos y construye identidad cultural (afortunadamente no pocos de nosotros también podemos presumir, con la modestia que se requiera, de haber gozado de esos u otros laureles). Pero debemos subrayar el peligro de la creación de una estructura paralela de gestión de intereses privados que está fagocitando de hecho parte del sistema público de Canarias en diversas instituciones culturales. Y es deber de los responsables políticos de esas áreas garantizar que eso no ocurra.
Por último, debemos señalar que la soterrada contestación que agita las aguas de la creación musical y de las artes escénicas en Canarias a propósito de las políticas que se están aplicando (existe, y de forma muy profunda, a pesar de los esfuerzos mediáticos en negarlo del Viceconsejero y sus beneficiados), se ha visto intervenida en paralelo por unos anónimos que han circulado profusamente en los ambientes culturales locales. Anónimos posiblemente con clara intencionalidad política, pero desgraciadamente con datos incontestables en cuanto a su veracidad en la mayor parte de sus contenidos a tenor de la documentación técnica que aportan. Dicho esto, queremos dejar meridianamente claro que esos escritos nada tienen que ver con la creación de MAGMA ni con cómo queremos conducir nuestras reivindicaciones, que persiguen un diálogo sincero y abierto con la Viceconsejería de Cultura, por si a alguien le pudiera quedar alguna duda.
En ese sentido, como ciudadanos comprometidos con nuestras islas y nuestra profesión, ejerceremos el derecho de señalar los peligros de un mapa que nos impone el camino a una ruta equivocada siempre que lo consideremos saludable para el sistema democrático. Estamos aún a tiempo, con una mirada integradora y holística y sumando el necesario y reflexivo diálogo entre todos los actores que conformamos el sistema cultural de Canarias, de poder construir un futuro más esperanzador en la relación entre institucionalidad pública y creación cultural isleña.
MAGMA (movimiento de artistas y gestores culturales por la música y las artes escénicas de Canarias) es una plataforma cultural de reciente creación. Puedes visitar su página web para conocer quienes son sus integrantes.
FUENTE:
